Tlatlaya: ¿el "talón de Aquiles" de Peña en materia de seguridad?

Fuente: CIDAC

Autor: CIDAC 

A pesar de que la administración federal había logrado posicionar en un segundo plano el tema de la seguridad en el país, la supuesta matanza de 22 personas por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la localidad mexiquense de Tlatlaya ocupa las primeras planas esta semana. Para el gobierno, el momento no podía ser más inoportuno, justo cuando unas semanas antes el presidente Peña presumía que, durante 2014, la SEDENA no había recibido ninguna recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En este contexto, ¿cómo leer las implicaciones del caso Tlatlaya en el desempeño en materia de seguridad del gobierno actual?

En principio, resulta preocupante que el tema –acaecido el 30 de junio- haya alcanzado la discusión pública tanto tiempo después de ocurrido. Mientras la CNDH permanecía en silencio, una serie de organismos internacionales y el testimonio de una sobreviviente recogido en una revista, fueron los encargados de impulsarlo. Sin embargo, no fue sino hasta que el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó al gobierno mexicano investigar el acontecimiento que éste realmente cobró notoriedad. El caso Tlatlaya ejemplifica los riesgos entrañados en “comprar” sin más la narrativa presentada por los boletines oficiales. ¿Cuántas veces la SEDENA ha reportado el “abatimiento” de supuestos delincuentes sin que haya ningún tipo de indagatoria seria al respecto? ¿Podemos estar seguros de que todos esos cientos de “abatidos” murieron en enfrentamientos y no en un paredón de ejecución? Es conocido que la SEDENA ha capacitado a mucho de su personal en el manejo de los derechos humanos, factor que quizá explique la disminución de situaciones anómalas y la mejoría de su record en general. Sin embargo, esta situación evidencia la ausencia de contrapesos institucionales enfocados en verificar la veracidad de los dichos de las instituciones encargadas de preservar la seguridad.

Por otra parte, el acontecimiento pone en serio entredicho la capacidad de la CNDH para fungir como un auténtico revisor del desempeño del gobierno en materia de protección a los derechos humanos. En relación con las declaraciones del presidente, ¿la ausencia de recomendaciones de la CNDH se deben a que la actuación del gobierno es respetuosa de derechos o más bien a las omisiones de la institución para llevar a cabo investigaciones de calidad? La situación de la CNDH es relevante sobre todo ahora que se acaba de expedir una reforma política que tiene como propósito la transformación de la Procuraduría General de la República  (PGR) en una fiscalía autónoma. Esta reforma estuvo soportada en argumentos que sostenían a la autonomía como el vehículo necesario para despolitizar la procuración de justicia. ¿Podemos tener garantías de que la autonomía implicará que la institución se desempeñe como un verdadero contrapeso? Cada vez queda más claro que la autonomía no significa nada per se y menos mientras se mantengan los diseños institucionales que privilegian el factor político en la elección de los titulares de los organismos.

Es importante señalar que la discusión respecto de lo sucedido en Tlatlaya no debe desviarse de lo  importante. Aquí no está en juego la capacidad del gobierno para reaccionar a crisis mediáticas sino la inoperancia del Estado de derecho. Sólo en un país donde el Estado de derecho es endeble –o inexistente- se pueden generar condiciones que posibiliten llevar a cabo la ejecución de dos decenas de personas con total impunidad. De no haber sido porque algunos medios independientes se acercaron al lugar del incidente y recuperaron evidencia de lo que parecía ser una ejecución, el tema hoy no estaría en la palestra y se hubiera olvidado como tantos otros. Toca ahora a la PGR investigar y comprobar si el fallecimiento de estas 22 personas se debió a un enfrentamiento o fue producto de una matanza. De cualquier forma, queda una importante lección, a pesar de los esfuerzos del gobierno por bajar los decibeles a toda noticia en materia de seguridad, llega un momento en el que la comunicación es incapaz de ganarle a la realidad.