La preocupante subestimación de la inseguridad como riesgo económico.
Fuente: CIDAC
Autor CIDAC:
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El
11 de octubre, en el marco de las reuniones de los Consejos de
Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) llevadas a cabo en
Washington, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, expuso que, si
bien la inseguridad puede afectar negativamente la atracción de
inversiones, la situación actual no descarrilará el curso de la economía
mexicana. Los argumentos del funcionario versaron sobre la estabilidad
macroeconómica y el panorama favorable que, según él, vislumbran las
reformas estructurales. No obstante, aunque la economía mexicana pudo
transitar medianamente bien el sexenio de Felipe Calderón, a pesar de
haber estado marcado por la violencia, la crisis financiera mundial de
2008-2009, además de múltiples calamidades como la influenza AH1N1 y
graves periodos de sequía, en la actualidad se enfrenta un reto
distinto. La evidente contaminación del Estado mexicano por el crimen
organizado abre una vertiente inusitada para la imagen de la nación
frente a los capitales extranjeros. ¿Cómo va a poder sostener la
administración Peña la imagen del “momento mexicano” si los medios
internacionales ya hablan más bien de la “narcopolítica mexicana”?
Los
grandes inversionistas extranjeros están acostumbrados a hacer negocios
en condiciones mucho menos favorables que las actuales en México,
asumiendo los costos de mayor seguridad si las inversiones siguen siendo
rentables. Las grandes petroleras del mundo no dejarán de buscar
invertir en las aguas profundas mexicanas por más que haya
descubrimientos de fosas con decenas de cadáveres. Por lo menos así
podría intuirse con sus antecedentes de operación en países inmersos en
guerras civiles, epidemias y dictaduras. Asimismo, es muy factible que
la rentabilidad de su negocio les proporcione suficiente margen de
maniobra como para buscar proteger sus instalaciones en tierra de
posibles afectaciones del crimen organizado como podría ser la ordeña de
ductos. Las empresas de mayor tamaño son capaces de sostener las
afectaciones del crimen organizado y de la corrupción, siempre y cuando
les interese hacerlo –como se supone sería el caso de sectores como el
energético o el minero.
Sin
embargo, si los cálculos hacen demasiado costoso invertir en México,
las opciones de inversión alrededor del mundo ofrecen a las
corporaciones una baraja de posibilidades donde la carta mexicana podría
ser crecientemente desechada. De esta manera, si el gobierno continúa
desestimando la gravedad que implica tener un estado de derecho endeble y
en deterioro como si nada fuera de lo común estuviera ocurriendo, esto
podría tener fuertes impactos sobre las expectativas de crecimiento
producto de las reformas y en las aspiraciones electorales del partido
en el poder. Incluso el control clientelar y la política “a billetazos”
tienen un límite.
A
pesar de estas alertas, el gobierno parece seguir confiado en que la
inversión extranjera fluirá a cántaros y que la estabilidad
macroeconómica del país es suficientemente sólida para solventar sus
problemas. Con una caída importante en los precios del petróleo y la
política de endeudamiento que ha tomado el gobierno desde el año pasado,
sería sensato que el gobierno tuviera por lo menos un plan B. De hecho,
más allá del potencial del sector energético, cuyo horizonte es siempre
de largo plazo, la situación económica mundial no augura un entorno
favorable y menos si el manejo macroeconómico interno sigue incurriendo
en un déficit creciente.
La
estabilidad macroeconómica de un país se diluye rápida e
inevitablemente cuando su principal fuente de ingresos se reduce. La
estrategia del gobierno actual consiste en gastar –inclusive
endeudándose— para alcanzar sus objetivos. No obstante, la inseguridad
rampante lo está carcomiendo todo. Con un mercado interno incipiente y
costos de operación –energéticos, logísticos, burocráticos y de
capacitación –que se reducen en Estados Unidos mientras que aumenta el
riesgo de invertir en México, ¿qué tiene el país para ofrecer
certidumbre a la inversión en un entorno donde se desconoce el nivel de
infiltración del crimen organizado en todos los órdenes de gobierno?
Ojalá la Secretaría de Hacienda tenga una buena respuesta a la
interrogante que presenta el impacto de la “narcopolítica” en la
inversión extranjera, si no quiere que el “momento mexicano” se
convierta en el “engaño mexicano”.
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