La democratización de la desconfianza
Autor: CIDAC
Fuente:CIDAC
A poco más de la mitad del sexenio, el ambiente optimista y de altas
expectativas con el que iniciaron los gobiernos de Enrique Peña Nieto y
Miguel Ángel Mancera se ha convertido en uno de desconfianza
generalizada en ambas figuras. La falta de respuesta a las demandas de
la ciudadanía, el mal manejo de crisis y escándalos- desde la Casa
Blanca, hasta la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, entre
otras- aunado a la falta de grandes resultados de las reformas
estructurales, han contribuido al desencanto de la ciudadanía. Lo
preocupante es que los altos niveles de desconfianza no se limitan
únicamente a los titulares del Ejecutivo Federal y algunos gobernadores,
sino que se extienden a distintas instituciones públicas y, por ende,
representan una amenaza para la gobernabilidad del país a largo plazo.
El hartazgo de la sociedad hacia el gobierno, la falta de comunicación y
respuesta entre autoridades y ciudadanos y la desconexión de las
autoridades que parecen más interesadas en consolidar victorias
electorales en lugar de trabajar por el desarrollo del país, puede
incrementar la desvinculación de la ciudadanía con la vida política del
país. Por lo tanto, es pertinente analizar cuáles son las instituciones
más vulnerables ante la desconfianza de los mexicanos.
La popularidad del presidente Enrique Peña Nieto cayó a su nivel más
bajo desde que inició su gobierno. De acuerdo a la encuesta publicada
por Grupo Reforma recientemente, únicamente 30% de los encuestados
aprueban la gestión del presidente actual (ver gráfica 1). Este nivel de
aprobación no sólo es el más bajo de Peña Nieto en lo que va de su
gestión, sino también el más bajo desde el inicio de la serie publicada
por Reforma en 1995, por debajo incluso de los niveles de aprobación de
Ernesto Zedillo al inicio de su gestión -31%-, cuando el país estaba
sumido en una severa crisis económica.
Por su parte, el dirigente capitalino, Miguel Ángel Mancera, también
muestra niveles de aprobación mínimos históricos. En la última encuesta
de Grupo Reforma, los niveles de aprobación del dirigente capitalino
disminuyeron a 32%, desde el 39% en que se encontraban en la encuesta de
diciembre de 2015 (ver gráfica 2).
Gráfica 2. Desaprobación de Miguel Ángel Mancera
Detrás de estos niveles mínimos de desaprobación de ambos mandatarios no
existe un acontecimiento clave que explique el descenso en las cifras.
Anteriormente, las caídas en la aprobación de Peña Nieto se asociaron a
distintos sucesos, como la aprobación de la poco popular Reforma
Energética en diciembre de 2013, el caso de Ayotzinapa en septiembre de
2014, el escándalo de la Casa Blanca en noviembre de 2014, la fuga de
“El Chapo” Guzmán del penal del altiplano en julio de 2015, o la
continua depreciación del peso en 2015.
En el caso de Mancera, distintos son los eventos que han abonado a su
caída en los niveles de aprobación a lo largo de su gestión. De manera
general, la falta de una agenda de gobierno, su actitud reactiva ante
diversos acontecimientos y la falta de propuestas de largo plazo que
realmente resuelvan los problemas de los habitantes de la capital, han
sido factores que poco a poco han llevado al mandatario a los niveles
actuales de aprobación. Ejemplo de ello es la ausencia de una estrategia
integral de movilidad urbana, y la reactividad ante la contingencia
ambiental reciente con el endurecimiento del Hoy No Circula.
Lo anterior evidencia un desgaste continuo y acumulado en la figura de
ambos mandatarios ante los ojos de sus gobernados. Los mexicanos no han
observado cambios reales durante las administraciones, tanto de Peña
Nieto en el país, como de Mancera en la Ciudad de México, ni acciones
concretas en rubros como desempeño económico, corrupción, seguridad
pública, o empleo.
Los mandatarios estatales no gozan de una mejor evaluación. De hecho,
los niveles de desaprobación de dirigentes como Cesar Duarte en
Chihuahua, Javier Duarte en Veracruz, o Gabino Cué en Oaxaca son de
aproximadamente 70, 72 y 61%, respectivamente.[1]
El mal desempeño, los escándalos de corrupción y la ausencia de
respuesta de estos mandatarios ante el aumento de la violencia en sus
entidades han desgastado sus figuras ante la opinión pública y han
limitado sus márgenes de maniobra considerablemente.
Desconfianza más allá de las personalidades
Desafortunadamente, la impopularidad no es exclusiva de los gobernantes.
Diversas instituciones y organismos autónomos han mostrado niveles de
desaprobación crecientes en los últimos meses. Entre los más
preocupantes se encuentra la evaluación que reciben las instituciones de
impartición de justicia y seguridad. De acuerdo a la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE) 2015, la
confianza de la ciudadanía en la Marina y el Ejército de México cayó por
primera vez. De 2014 a 2015, la confianza se redujo de 84.4% a 80.7%
para la Marina y de 81.6% a 77.6% para el Ejército.[2]
En el caso de la Policía Federal, únicamente registra un nivel de
confianza del 56.2% en 2015. La historia es la misma para las demás
instituciones a cargo de la seguridad pública y la impartición de
justicia en el país (ver gráfica 3). Es preocupante observar como la
Policía Federal, que era la ideada para responder ante las limitaciones
de las policías estatales y municipales, no cuenta con la confianza de
casi la mitad de la población.
Detrás de estos niveles mínimos de desaprobación de ambos mandatarios no
existe un acontecimiento clave que explique el descenso en las cifras.
Anteriormente, las caídas en la aprobación de Peña Nieto se asociaron a
distintos sucesos, como la aprobación de la poco popular Reforma
Energética en diciembre de 2013, el caso de Ayotzinapa en septiembre de
2014, el escándalo de la Casa Blanca en noviembre de 2014, la fuga de
“El Chapo” Guzmán del penal del altiplano en julio de 2015, o la
continua depreciación del peso en 2015.
En el caso de Mancera, distintos son los eventos que han abonado a su caída en los niveles de aprobación a lo largo de su gestión. De manera general, la falta de una agenda de gobierno, su actitud reactiva ante diversos acontecimientos y la falta de propuestas de largo plazo que realmente resuelvan los problemas de los habitantes de la capital, han sido factores que poco a poco han llevado al mandatario a los niveles actuales de aprobación. Ejemplo de ello es la ausencia de una estrategia integral de movilidad urbana, y la reactividad ante la contingencia ambiental reciente con el endurecimiento del Hoy No Circula.
Lo anterior evidencia un desgaste continuo y acumulado en la figura de ambos mandatarios ante los ojos de sus gobernados. Los mexicanos no han observado cambios reales durante las administraciones, tanto de Peña Nieto en el país, como de Mancera en la Ciudad de México, ni acciones concretas en rubros como desempeño económico, corrupción, seguridad pública, o empleo.
Los mandatarios estatales no gozan de una mejor evaluación. De hecho, los niveles de desaprobación de dirigentes como Cesar Duarte en Chihuahua, Javier Duarte en Veracruz, o Gabino Cué en Oaxaca son de aproximadamente 70, 72 y 61%, respectivamente.[1] El mal desempeño, los escándalos de corrupción y la ausencia de respuesta de estos mandatarios ante el aumento de la violencia en sus entidades han desgastado sus figuras ante la opinión pública y han limitado sus márgenes de maniobra considerablemente.
En el caso de Mancera, distintos son los eventos que han abonado a su caída en los niveles de aprobación a lo largo de su gestión. De manera general, la falta de una agenda de gobierno, su actitud reactiva ante diversos acontecimientos y la falta de propuestas de largo plazo que realmente resuelvan los problemas de los habitantes de la capital, han sido factores que poco a poco han llevado al mandatario a los niveles actuales de aprobación. Ejemplo de ello es la ausencia de una estrategia integral de movilidad urbana, y la reactividad ante la contingencia ambiental reciente con el endurecimiento del Hoy No Circula.
Lo anterior evidencia un desgaste continuo y acumulado en la figura de ambos mandatarios ante los ojos de sus gobernados. Los mexicanos no han observado cambios reales durante las administraciones, tanto de Peña Nieto en el país, como de Mancera en la Ciudad de México, ni acciones concretas en rubros como desempeño económico, corrupción, seguridad pública, o empleo.
Los mandatarios estatales no gozan de una mejor evaluación. De hecho, los niveles de desaprobación de dirigentes como Cesar Duarte en Chihuahua, Javier Duarte en Veracruz, o Gabino Cué en Oaxaca son de aproximadamente 70, 72 y 61%, respectivamente.[1] El mal desempeño, los escándalos de corrupción y la ausencia de respuesta de estos mandatarios ante el aumento de la violencia en sus entidades han desgastado sus figuras ante la opinión pública y han limitado sus márgenes de maniobra considerablemente.
Detrás de esta disminución en los niveles de confianza se encuentra la
falta de resultados en investigaciones sobre episodios relacionados con
el la violencia asociada al crimen organizado, como el caso Ayotzinapa,
los abusos de Derechos Humanos cometidos por el Ejército, y la
percepción de corrupción en éstas instituciones. Asimismo, los niveles
tan bajos de confianza de autoridades, como la policía de tránsito, la
policía municipal o los ministerios públicos, ponen en riesgo el
funcionamiento básico del Estado de Derecho y combate a la inseguridad
que tanto se necesitan en el país.
Además de las instituciones mencionadas, organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) también han comenzado a registrar mayores niveles de desconfianza e insatisfacción con respecto al trabajo que realizan. De acuerdo a cifras de Parametría, los porcentajes de desconfianza hacia el INE entre la elección presidencial de 2012 y la elección intermedia de 2015 aumentaron de 34% a 47%. Asimismo, de acuerdo a una encuesta realizada por Latinobarómetro en 2015, el 43% de los encuestados calificó como mal o muy mal el trabajo que realiza el instituto electoral mexicano (ver gráfica 4).[3]
Además de las instituciones mencionadas, organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) también han comenzado a registrar mayores niveles de desconfianza e insatisfacción con respecto al trabajo que realizan. De acuerdo a cifras de Parametría, los porcentajes de desconfianza hacia el INE entre la elección presidencial de 2012 y la elección intermedia de 2015 aumentaron de 34% a 47%. Asimismo, de acuerdo a una encuesta realizada por Latinobarómetro en 2015, el 43% de los encuestados calificó como mal o muy mal el trabajo que realiza el instituto electoral mexicano (ver gráfica 4).[3]
Los partidos políticos tampoco exhiben
cifras alentadoras. Según las encuestas de Latinobarómetro, 33% de los
encuestados evaluó como bien o muy bien el trabajo que estaban haciendo
los partidos políticos en México en 2008, mientras que sólo 25%
respondió lo mismo en 2015 (ver gráfica 5).[4]
Por el contrario, el porcentaje de los que evaluaban como mal o muy mal
el trabajo de los mismos ascendió de 61% a 71%. No es casualidad que
las opciones ajenas al sistema partidista, como los candidatos
independientes, cuenten con un nivel de apoyo cada vez mayor. El
desgaste del sistema de partidos políticos, los escándalos de corrupción
al interior de los partidos y la falta de respuesta a las demandas
ciudadanas, han orillado a los votantes a respaldar alternativas
independientes y carismáticas que se presentan como ajenas al sistema.
Gráfica 5. Evaluación de los partidos políticos
¿Por qué importa la confianza?
Los bajos niveles de aprobación y
confianza que, tanto gobernantes como instituciones están registrando
actualmente, no son solamente un reflejo del sentimiento coyuntural de
la ciudadanía, sino que son un síntoma del hartazgo generalizado hacia
el sistema, mismo que se ha venido incrementando y extendiendo poco a
poco a instituciones que antes gozaban de cierto prestigio y respeto. En
este sentido, estos indicadores reflejan el apoyo y legitimidad de las
autoridades e instituciones entre los ciudadanos, los cuales son
cruciales para determinar la fortaleza y legitimidad de las mismas.
Lo anterior tiene implicaciones para el bienestar de la ciudadanía y la gobernabilidad del país. Cuando se percibe repetidamente en la sociedad una brecha cada vez mayor entre lo que el ciudadano pide y lo que el gobernante atiende, existe el riesgo de que poco a poco el ciudadano comience a desvincularse de la vida pública y las instituciones.
En el caso mexicano, esta desvinculación puede comenzar a percibirse, por ejemplo, a través del aumento en la cifra negra, que mide el número de delitos que se cometen pero no se denuncian. Si bien la cifra negra por años se ha mantenido considerablemente alta, de nuevo, citando a la ENVIPE 2015, la cifra negra fue de 92.8% en 2014, la misma encuesta señala que, del total de los delitos cometidos anualmente en el país, el porcentaje de denuncia ha venido disminuyendo desde 12.3% en 2010 hasta 10.7% en 2014. Es decir, en 2014, 9 de cada 10 delitos no se denunciaron a las autoridades. Entre las razones por las que las víctimas no denuncian los delitos ante las autoridades correspondientes, el 63.1% corresponde a causas atribuibles a la autoridad, entre las que destacan la pérdida de tiempo y desconfianza en la misma.
La desvinculación de los ciudadanos de la vida pública también podría traducirse en una menor participación en comicios electorales y mayor desinterés por los procesos democráticos. En una situación extrema, los ciudadanos podrían sentirse atraídos a elegir gobiernos autoritarios o populistas que, aprovechándose de la falta de correspondencia entre las demandas de la ciudadanía y las políticas emprendidas por el gobierno, se revistan a sí mismos como la solución a los problemas que aquejan a la sociedad.
Autores: Eréndira Cuevas, Carlos De la Rosa, Ximena López, Mireya Moreno, Jorge Ramírez y Rafael Vega
Coordinadora: Mariana Meza
Editora: Lorena Becerra
Lo anterior tiene implicaciones para el bienestar de la ciudadanía y la gobernabilidad del país. Cuando se percibe repetidamente en la sociedad una brecha cada vez mayor entre lo que el ciudadano pide y lo que el gobernante atiende, existe el riesgo de que poco a poco el ciudadano comience a desvincularse de la vida pública y las instituciones.
En el caso mexicano, esta desvinculación puede comenzar a percibirse, por ejemplo, a través del aumento en la cifra negra, que mide el número de delitos que se cometen pero no se denuncian. Si bien la cifra negra por años se ha mantenido considerablemente alta, de nuevo, citando a la ENVIPE 2015, la cifra negra fue de 92.8% en 2014, la misma encuesta señala que, del total de los delitos cometidos anualmente en el país, el porcentaje de denuncia ha venido disminuyendo desde 12.3% en 2010 hasta 10.7% en 2014. Es decir, en 2014, 9 de cada 10 delitos no se denunciaron a las autoridades. Entre las razones por las que las víctimas no denuncian los delitos ante las autoridades correspondientes, el 63.1% corresponde a causas atribuibles a la autoridad, entre las que destacan la pérdida de tiempo y desconfianza en la misma.
La desvinculación de los ciudadanos de la vida pública también podría traducirse en una menor participación en comicios electorales y mayor desinterés por los procesos democráticos. En una situación extrema, los ciudadanos podrían sentirse atraídos a elegir gobiernos autoritarios o populistas que, aprovechándose de la falta de correspondencia entre las demandas de la ciudadanía y las políticas emprendidas por el gobierno, se revistan a sí mismos como la solución a los problemas que aquejan a la sociedad.
Autores: Eréndira Cuevas, Carlos De la Rosa, Ximena López, Mireya Moreno, Jorge Ramírez y Rafael Vega
Coordinadora: Mariana Meza
Editora: Lorena Becerra
[1]http://ipcestadistica.com.
http://graficos.elfinanciero.
http://consulta.mx/index.php/
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