2015 y la tentación del uso político (y falaz) de las reformas
Fuente: CIDAC
Autor: CIDAC
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Con
motivo del inicio de 2015, el presidente Enrique Peña postuló siete
medidas que pretenden incentivar la alicaída economía mexicana en un año
de elecciones federales intermedias. Dado el turbulento cierre de 2014,
el gobierno federal quisiera asegurarle a los mexicanos que sí está
trabajando y que se avanza a pesar de los problemas. No obstante, ante
los pocos logros concretos para sostener el discurso de “Mover a
México”, da la impresión como si el gobierno buscara forzar la narrativa
de las reformas estructurales en la opinión pública. Bajo esta lógica,
el presidente anunció las siete acciones como los primeros logros de las
reformas aprobadas. Sin embargo, varias de esas medidas tienen poco o
nada que ver con dichas modificaciones; de hecho, la mayoría habrían
podido hacerse sin ellas.
Las elecciones federales y estatales de junio próximo, incrementan la presión sobre el gobierno y el PRI a fin de mostrar resultados a muchas de las promesas que hicieron en campaña en 2012. A primera vista, la estrategia parece ser recurrir a la narrativa de las reformas estructurales como su carta de triunfo. El problema con esto es que ya no será suficiente presumir cómo se lograron las reformas en el Congreso, atacar a anteriores administraciones federales panistas por haber fracasado en el intento (en buena parte por la negligencia de los priistas en la entonces oposición), o respaldarse en la hoy tan golpeada imagen de eficiencia del gobierno en turno. La enorme maquinaria política que el PRI desplegará durante el proceso electoral, tiene que venir complementada de un discurso coherente de avance con el propósito de justificar las nuevas promesas que sus candidatos realizarán. Esto se conseguirá si los potenciales electores perciben algún beneficio fehaciente de la gestión del presidente Peña (o se les logra convencer de ello).
Puntos como tener tarifas eléctricas más bajas, eliminar el cobro por la larga distancia en telefonía, y la supresión (por ahora) de los “gasolinazos”, buscan que los ciudadanos tengan más ingresos disponibles para reactivar el consumo privado. Sin embargo, es importante señalar algunas acotaciones a dichos datos alegres. Las tarifas eléctricas a la baja son las industriales –de hecho, las residenciales subieron en promedio 2.1 por ciento con respecto al año anterior—; los cobros por larga distancia telefónica eran un anacronismo económico cuyo fin se retrasó por demasiado tiempo; y se dice que ya no habrá aumentos a las gasolinas, aunque después de haberle recetado a los consumidores un abrupto deslizamiento el 1 de enero. En este último rubro, no sobra destacar cómo hoy el litro de gasolina se encuentra casi 6 pesos más caro que su equivalente en Estados Unidos. Adicionalmente, anuncios como los mayores apoyos a emprendedores y la medida de regalar 10 millones de televisiones digitales so pretexto del llamado “apagón” (obsequios cuyo tinte electorero se intuye al no existir algo parecido a un derecho constitucional a poder ver la televisión), se deben a la miscelánea fiscal que le permitió al gobierno contar con más presupuesto, pero sacrificó el crecimiento de la economía del país en 2014 al reducir el consumo privado y lesionar al sector productivo.
El gobierno puede forzar la narrativa de las reformas en los medios como estrategia de campaña, pero no puede forzar resultados. Así como no se puede ser productivo por decreto, tampoco por el hecho de cambiar leyes –por mucho que prometan en sus nuevas versiones—, se alterarán necesariamente los incentivos de una multiplicidad de actores que frenan el desarrollo del país con o sin reformas. No se puede lograr resultados en materia de seguridad, si por corrupción no se cuenta con instituciones más sólidas que hagan respetar el estado de derecho. Tampoco se puede sacar el mayor provecho a las reformas económicas, cuando el hilo conductor de la administración en turno es un proyecto de control político que solapa licitaciones turbias, le gusta alterar concesiones otorgadas previamente a inversionistas por motivos político o de mera impericia operativa, o se ve envuelto en escándalos de corrupción. 2015 es el año de la ejecución de las reformas (entendido esto como hacerlas funcionar). No obstante, la tentación de ejecutarlas (en términos de entorpecerlas e, incluso, de acabar por aniquilarlas) estará latente por razones electorales. Aquí es donde la ciudadanía tendrá mucho que decir y hacer. La esperanza del voto razonado no se pierde.
La estrategia gubernamental tendrá la ventaja de que tanto el PAN como el PRD padecen sus propios problemas, en tanto que Morena, a pesar de su exitoso líder, no está en condiciones operativas de lograr grandes avances fuera de sus territorios tradicionales y, aún ahí, su disputa será más con el PRD que con el PRI. Así, la verdadera esperanza del gobierno es que la población se abstenga de asistir a las urnas, otorgándole un simbólico, pero a final de cuentas pírrico triunfo.
Las elecciones federales y estatales de junio próximo, incrementan la presión sobre el gobierno y el PRI a fin de mostrar resultados a muchas de las promesas que hicieron en campaña en 2012. A primera vista, la estrategia parece ser recurrir a la narrativa de las reformas estructurales como su carta de triunfo. El problema con esto es que ya no será suficiente presumir cómo se lograron las reformas en el Congreso, atacar a anteriores administraciones federales panistas por haber fracasado en el intento (en buena parte por la negligencia de los priistas en la entonces oposición), o respaldarse en la hoy tan golpeada imagen de eficiencia del gobierno en turno. La enorme maquinaria política que el PRI desplegará durante el proceso electoral, tiene que venir complementada de un discurso coherente de avance con el propósito de justificar las nuevas promesas que sus candidatos realizarán. Esto se conseguirá si los potenciales electores perciben algún beneficio fehaciente de la gestión del presidente Peña (o se les logra convencer de ello).
Puntos como tener tarifas eléctricas más bajas, eliminar el cobro por la larga distancia en telefonía, y la supresión (por ahora) de los “gasolinazos”, buscan que los ciudadanos tengan más ingresos disponibles para reactivar el consumo privado. Sin embargo, es importante señalar algunas acotaciones a dichos datos alegres. Las tarifas eléctricas a la baja son las industriales –de hecho, las residenciales subieron en promedio 2.1 por ciento con respecto al año anterior—; los cobros por larga distancia telefónica eran un anacronismo económico cuyo fin se retrasó por demasiado tiempo; y se dice que ya no habrá aumentos a las gasolinas, aunque después de haberle recetado a los consumidores un abrupto deslizamiento el 1 de enero. En este último rubro, no sobra destacar cómo hoy el litro de gasolina se encuentra casi 6 pesos más caro que su equivalente en Estados Unidos. Adicionalmente, anuncios como los mayores apoyos a emprendedores y la medida de regalar 10 millones de televisiones digitales so pretexto del llamado “apagón” (obsequios cuyo tinte electorero se intuye al no existir algo parecido a un derecho constitucional a poder ver la televisión), se deben a la miscelánea fiscal que le permitió al gobierno contar con más presupuesto, pero sacrificó el crecimiento de la economía del país en 2014 al reducir el consumo privado y lesionar al sector productivo.
El gobierno puede forzar la narrativa de las reformas en los medios como estrategia de campaña, pero no puede forzar resultados. Así como no se puede ser productivo por decreto, tampoco por el hecho de cambiar leyes –por mucho que prometan en sus nuevas versiones—, se alterarán necesariamente los incentivos de una multiplicidad de actores que frenan el desarrollo del país con o sin reformas. No se puede lograr resultados en materia de seguridad, si por corrupción no se cuenta con instituciones más sólidas que hagan respetar el estado de derecho. Tampoco se puede sacar el mayor provecho a las reformas económicas, cuando el hilo conductor de la administración en turno es un proyecto de control político que solapa licitaciones turbias, le gusta alterar concesiones otorgadas previamente a inversionistas por motivos político o de mera impericia operativa, o se ve envuelto en escándalos de corrupción. 2015 es el año de la ejecución de las reformas (entendido esto como hacerlas funcionar). No obstante, la tentación de ejecutarlas (en términos de entorpecerlas e, incluso, de acabar por aniquilarlas) estará latente por razones electorales. Aquí es donde la ciudadanía tendrá mucho que decir y hacer. La esperanza del voto razonado no se pierde.
La estrategia gubernamental tendrá la ventaja de que tanto el PAN como el PRD padecen sus propios problemas, en tanto que Morena, a pesar de su exitoso líder, no está en condiciones operativas de lograr grandes avances fuera de sus territorios tradicionales y, aún ahí, su disputa será más con el PRD que con el PRI. Así, la verdadera esperanza del gobierno es que la población se abstenga de asistir a las urnas, otorgándole un simbólico, pero a final de cuentas pírrico triunfo.
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