La consulta popular: una nueva herramienta partidista.
Artículo publicado en 18 de Septiembre, 2014 | Autor: CIDAC
El pasado 15 de septiembre venció el plazo para la presentación de las
firmas que respaldan los proyectos de consulta popular. PRI, PAN, PRD y
MORENA presentaron cuatro diferentes preguntas y en conjunto, recabaron
más de 13 millones de firmas para tener la posibilidad de someter a
votación los siguientes temas: la eliminación de diputaciones y
senadurías plurinominales, fijar un nuevo salario mínimo, echar para
atrás las reformas a los artículos constitucionales relacionados al
sector energético y revocar la posibilidad de otorgar contratos y
concesiones a particulares para explotar el petróleo, gas, refinación,
petroquímica e industria eléctrica. En caso de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) emita el dictamen de constitucionalidad de
las preguntas, la consulta popular se realizaría en la próxima jornada
electoral de junio de 2015.
Ahora, es el turno del Instituto Nacional Electoral (INE) de continuar
con el procedimiento ya que, por tratarse de solicitudes ciudadanas,
según lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley Federal de
Consulta (LFCP), el INE deberá, en no más de 30 días, realizar un
ejercicio muestral para validar la autenticidad de las firmas
presentadas por los partidos políticos. Las reacciones de éstos se han
encaminado a asegurar que vigilarán la correcta revisión de las firmas y
a que sus iniciativas cumplieron con los requerimientos necesarios para
lograr que sus temas lleguen hasta la consulta ciudadana.
Hasta este momento, el proceso para realizar la consulta ha distado
mucho de ser uno que fortalece la democracia. La consulta popular está
establecida en la propia ley como un mecanismo dirigido a que los
ciudadanos a través del voto emitido, expresen su opinión sobre temas de
trascendencia nacional. Sin embargo, la realidad es que quienes han
ganado visibilidad con este proceso han sido los partidos políticos y lo
que hasta ahora han mostrado -cada uno en su dimensión- es su poder de
movilización partidista. El proceso de la consulta popular les ha
permitido además, medir fuerza ante quienes serán sus rivales en la
contienda electoral del próximo año. De hecho, el proceso evidencia la
debilidad de la ciudadanía.
En este sentido, los objetivos de cada partido parecen claros. Mientras
que el PAN busca posicionarse frente al electorado con una causa
totalmente ajena a su ideología partidista y que incluso se contrapone a
la agenda que promueve en el Congreso, MORENA intenta mostrar que será
un rival fuerte en las elecciones de junio de 2015 y se posiciona en la
defensa del tema energético al obtener un mayor número de firmas que el
PRD, que a su vez, pretende terminar con las sospechas
colaboracionistas al querer echar abajo la que se considera la reforma
clave del Ejecutivo: la energética. Por su parte, el PRI muestra su
músculo de movilización recabando casi cuatro veces el número de firmas
necesario para promover su consulta.
Hasta este momento, el destino de las consultas populares es incierto.
Aún no está claro que alguna pregunta pase el filtro de
constitucionalidad. Temas como la composición del Congreso o el
energético están establecidos en la Constitución y ésta no puede
modificarse a través de este mecanismo. Incluso el tema del salario
mínimo podría ser interpretado de modo que se considere que no puede ser
sometido a consulta popular. De ser así, en la próxima jornada de
elecciones federales no se realizaría ninguna consulta siendo la
siguiente oportunidad, hasta el 2018.
Aún es pronto para concluir sobre la efectividad de la consulta
ciudadana pero lo que se ve hasta ahora es que, como en la historia de
las consultas ciudadanas a nivel mundial, se requiere mucho más que
este mecanismo para fomentar la participación y mucho más para ser un
mecanismo de contrapeso real. Por lo pronto, es tiempo de observar lo
que sucede con esta incipiente herramienta y hasta donde llega en su
camino sinuoso. Pero nada de esto permite ignorar que, más allá de las
consultas, el gran ausente es la ciudadanía, factor que claramente yace
en el cálculo del ejecutivo en su operación política cotidiana.
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